'
Página Inicial
Nuestra Misión
Notas
Noticias
Educación Vial
Newsletters
Premios Obtenidos
Prensa
Galería de Videos
Galería de Imágenes
Conducta Móvil
La Guantera Vial
Enlaces
Contáctenos
El rechazo es válido sólo si se opone a tiempo; un conductor estaba alcoholizado y atropello a personas, pero la aseguradora no rechazó en los términos que fija la Ley de Seguros

Nota N° 104, Esto hay que saberlo. Hechos de Tránsito y consecuencias legales!

Confirmando el pronunciamiento de primera instancia, la Justicia en lo Civil condenó a una persona a abonar los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de un accidente de tránsito en el cual conduciendo su vehículo atropelló a dos transeúntes, uno de los cuales falleció.

Aunque el conductor estaba notoriamente alcoholizado (con un nivel de 1,37 gr. de alcohol por litro de sangre), la condena se extendió a la aseguradora por entender los magistrados que esta contaba con elementos como para presentarse en la Causa Penal y no lo hahía heho por lo cual el posterior rechazo había sido extemporáneo y fuera de los plazos que fija el art. 56 de la Ley de Seguros.

Así lo entendieron los miembros de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que en su decisorio expresaron: “No está discutido que el codemandado S. D. C. (conductor del rodado), al momento del evento, tenía 1,37 gramos de alcohol etílico por cada mil centímetros cúbicos de sangre (según muestra de sangre que le fue extraída a los treinta y cinco minutos de ocurrido el accidente) y que ello importaría una causal de exclusión de cobertura por culpa grave del asegurado.”

“La compañía de seguros contaba con los elementos necesarios a efectos de presentarse en la causa penal, tomar vista de la misma y evaluar si – en su caso - habría de tomar la decisión de rechazar la cobertura, con motivos de la ingesta de alcohol que le fue detectada al asegurado al momento del evento. Sin embargo, dejó transcurrir el plazo de treinta días establecido por la ley de seguros.”, añadieron.

Finalmente concluyenon “El pronunciamiento “in tempore” del asegurador, en los términos del art. 56 antes citado, es requisito de admisibilidad de la defensa que luego pretenda oponerse al asegurado. Su omisión constituye un reconocimiento implícito de la garantía y un impedimento para alegar defensas tendientes a obtener la liberación de la obligación de indemnizar, aún cuando las mismas permitan exonerar al asegurador.”

Fallo Completo

CNCIV – SALA A - 04/10/2011 "S., V. J. y Otro c/C., S. D. y Otros s/Daños y Perjuicios" - "M., C. B. y Otro c/C., S. D. y Otros s/Daños y Perjuicios"

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 04 días del mes de octubre del año dos mil once, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos acumulados caratulados: "S., V. J. y Otro c/C., S. D. y Otros s/Daños y Perjuicios" y "M., C. B. y Otro c/C., S. D. y otros s/Daños y Perjuicios", respecto de la sentencia de fs. 175/183 y 189/197, respectivamente, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: HUGO MOLTENI – RICARDO LI ROSI –LUIS ÁLVAREZ JULIÁ.

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. HUGO MOLTENI DIJO:

1°- La sentencia única obrante a fs. 175/183 de los autos "S., V. J. y otro c/ C., S. D. s/daños y perjuicios" (Expte. N° 72.344/06)) y a fs. 189/197 de los autos "M., C. B. y otro c/ C., S. D. y otros s/daños y perjuicios" (Expte. N° 87.580/07), admitió parcialmente la demanda entablada por S. M. S. (seguida por sus herederos V. J. S. y C. M. N.) contra S. D. C., condenando a este último a abonarles la suma de $ 15.100, con más sus intereses y costas, impuestas al demandado. Hizo extensiva la condena contra "La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada", en los términos del art. 118 de la ley 17.418, desestimando la defensa de exclusión de cobertura por ella planteada. En el segundo de los expedientes mencionados se admitió parcialmente la acción promovida por C. B. M. y D. F. A. contra S. D. C. y M. A. G., disponiendo que los mismos les abonen –en forma concurrente- los importes de $ 104.500 y $ 110.500, respectivamente, con más sus intereses y costas, las que fueron impuestas a los emplazados. Asimismo, hizo extensiva la condena respecto de la mentada compañía aseguradora, conforme lo normado por el art. 118 de la ley 17.418, rechazándose también la defensa de exclusión de cobertura deducida por la misma.

Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas de los coactores C. B. M. y D. F. A., en punto a la cuantía de las partidas que les fueron acordadas, cuyos agravios de fs. 218/219 no fueron replicados por su contraria. A su turno, la citada en garantía expresa agravios a fs. 227/233 y 234/241, en torno al rechazo de la defensa por ella esgrimida y a la cuantía de los rubros acordados a las partes demandantes en ambos pleitos, los que fueron evacuados por su contraria a fs. 247/249 vta.

2°.- El hecho ilícito que se debate en ambos expedientes es el accidente de tránsito ocurrido el día 30 de abril de 2006, a las 10:30 hs., oportunidad en que el codemandado S. D. C., al mando de su vehículo marca Renault 9 (dominio SDF 920), efectuó una imprevista y desafortunada maniobra, embistiendo a C. Eduardo M. (quien perdió la vida en ese acto) y a S. M. S., mientras éstos caminaban por el sendero peatonal del Puente Uriburu, en esta ciudad.

3°.- En primer lugar, corresponden ser abordados los agravios que introduce la compañía aseguradora, en cuanto a la desestimación de la excepción de exclusión de cobertura por ella planteada.

Refiere la compañía aseguradora, en sus presentaciones de fs. 227/233 y 234/241, que el Sr. Juez consideró tácitamente aceptado el siniestro y – por ende - la cobertura, por no () haberse pronunciado la aseguradora en debido término, esto es, dentro del plazo de treinta días previsto por el art. 56 de la ley 17.418. Añade que el fallo tuvo en cuenta que su parte no logró demostrar la autenticidad de la carta documento a través de la cual se rechazaba la cobertura, la cual no sólo fue desconocida por la contraria, sino que también fue dirigida a un domicilio distinto de aquél sindicado por el asegurado al efectuar la denuncia de siniestro. Alega que el perito contador interviniente en los autos "S. c/ C. s/ Ds. y Ps." informó que la aseguradora le comunicó al demandado el rechazo del siniestro –por culpa grave- al haberse constatado la existencia de alcohol en su persona al momento del siniestro, razón por la cual se encontraría probado el despacho de la mentada notificación. Por otro lado, refiere que la mentada pieza postal no fue desconocida por la parte actora, limitándose ésta únicamente a sostener que la defensa le resulta ajena a su parte, circunstancia que no habría sido analizada por el Sr. Juez "a-quo". En último término, afirma la recurrente haberse pronunciado dentro del plazo legal, desde que recién tomó conocimiento de las circunstancias del caso el 28 de septiembre de 2006, razón por la cual, el despacho de la carta documento de fecha 3 de octubre de 2006 habría sido realizado en tiempo propio. Como corolario de estos fundamentos, solicita se admita la defensa planteada por su parte.

Cabe señalar que resulta conocida la encendida divergencia doctrinaria y jurisprudencial que se viene elaborando en torno a la aplicación del art. 56 de la ley 17.418 a los supuestos de exclusión de cobertura.

En ese orden de ideas, se ha sostenido que si la aseguradora dejó transcurrir el plazo de treinta días sin expedirse ni requerir información complementaria, opera una renuncia tácita a la invocación de la exclusión de cobertura, a la suspensión de la garantía o a las caducidades por inobservancia de cargas, porque la sola omisión de la compañía de pronunciarse produce efectos jurídicos en tanto la norma del art. 56 de la ley 17.418 le impone la obligación legal de explicarse en los términios del art. 919 del Código Civil (Conf. CNCiv., Sala D, en "Cestona, Néstor Darío c/ Adobbati, Luis Antonio y otros s/ ds. y ps." del 20/06/07;; íd. Sala E, en "Rodríguez, Ezequiel Arturo c/ Vilte, José y otros s/ ds. y ps." del 27/10/08; íd. Sala H, en "Rodríguez, Roger Eduardo c/ Dardaña, D. Rubén y otros s/ ds. y ps." del 18/05/09).

No está discutido que el codemandado S. D. C. (conductor del rodado), al momento del evento, tenía 1,37 gramos de alcohol etílico por cada mil centímetros cúbicos de sangre (según muestra de sangre que le fue extraída a los treinta y cinco minutos de ocurrido el accidente) y que ello importaría una causal de exclusión de cobertura por culpa grave del asegurado (según cláusula n° 20 de las condiciones generales de la póliza de seguros, ver fs. 50 del expediente acumulado "S. c/ C.").

Sin embargo, lo que aquí resulta trascendente, a fin de evaluar las quejas introducidas, es si la compañía de seguros cumplió con la carga legal impuesta por el art. 56 de la ley de seguros. La mentada normativa prevé que "el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2 y 3 del artículo 46. La omisión de pronunciarse importa aceptación".

Según surge de las constancias de los autos aludidos, el 2 de mayo de 2006 el asegurado efectuó la correspondiente denuncia de siniestro (ver fs. 59). No se pasa por alto que en la misma denuncia (fs. 60) obra una nota del siguiente tenor "...se deberá presentar en el término de 72 hs. hábiles el nro. de sumario y secretaría intervinente, caso contrario se rehusará el siniestro..." y que, llamativamente, se encuentra tachada, cuestión que no menciona en modo alguno la recurrente. No obstante ello, según se desprende de la propia documental aportada por la aseguradora, el 24 de mayo de ese año, se dejó asentado el juzgado y secretaría penal interviniente (cfr. fs. 57), documento anexado al propio legajo de siniestro labrado por la citada en garantía. Es decir, el asegurado guardó silencio en punto a la ingesta de alcohol previa al accidente cuando formuló su denuncia ante la aseguradora, mas comunicó que había impactado con su vehículo a dos personas de sexo masculino y el 24 de mayo de 2006 la compañía de seguros tomó conocimiento del juzgado penal interviniente.

Debe señalarse que desde esa oportunidad, la compañía de seguros contaba con los elementos necesarios a efectos de presentarse en la causa penal, tomar vista de la misma y evaluar si –en su caso- habría de tomar la decisión de rechazar la cobertura, con motivos de la ingesta de alcohol que le fue detectada al asegurado al momento del evento. Sin embargo, dejó transcurrir el plazo de treinta días establecido por la ley de seguros.

Adviértase que, vencido ese lapso, intentó tomar vista de la causa penal los días 9 y 16 de agosto de 2006 (cfr. fs. 141 vta. y 133 vta. de la causa penal n° 2932, que en este acto se tiene a la vista) y que recién el 22 de agosto de ese año el Sr. Fiscal interviniente autorizó la extracción de copias de dichas actuaciones. Entonces, en la mejor de las situaciones para la citada en garantía, esto es, tomando como punto de partida el día 22 de agosto de 2006, y sin entrar a analizar la emisión o autenticidad de la carta documento dirigida al codemandado C. (del 3 de octubre de ese año, cfr. fs. 63/65), lo cierto es que el plazo de treinta días previsto por la ley de seguros, que debe computarse en forma corrida, conforme al art. 28 del Código Civil , se encontraba harto vencido (Conf. López Saavedra, Domingo M. "Ley de Seguros Comentada y Anotada", págs. 273 y sgtes., comentario al art. 56 de la ley 17.418 y pág. 222, comentario al art. 46).

Estas circunstancias sellan, sin más, la suerte de la queja introducida por la aseguradora. Es que, el pronunciamiento "in tempore" del asegurador, en los términos del art. 56 antes citado, es requisito de admisibilidad de la defensa que luego pretenda oponerse al asegurado. Su omisión constituye un reconocimiento implícito de la garantía y un impedimento para alegar defensas tendientes a obtener la liberación de la obligación de indemnizar, aún cuando las mismas permitan exonerar al asegurador.

En síntesis, los fundamentos brindados me inclinan por desestimar los agravios introducidos por la citada en garantía y a confirmar el rechazo de la defensa por ella planteada.

4°.- Establecido ello, corresponde abordar las quejas que introducen las partes, en torno a las diversas partidas que le fueran acordadas a la parte demandante.

En primer lugar, se analizarán los cuestionamientos introducidos en los autos "M., C. B. y otro c/ C., S. D. y otros s/ Ds. y Ps."

La citada en garantía y la parte actora se quejan de la cuantía acordada para enjugar el rubro "valor vida" ($ 30.000).

La primera de las nombradas se agravia alegando que el rubro sólo puede ser pretendido por la viuda e hijos menores de edad, mas no por los ascendientes del causante, conforme lo normado por los arts. 1084 y 1085 del Código Civil y que tampoco se lograron demostrar los ingresos de la víctima, su ocupación o la ayuda que les brindaba a sus progenitores. Como corolario de ello, solicita el rechazo de la partida.

Por su parte, los coaccionantes M. y A. se quejan en torno a la escasa cuantía acordada para resarcirlos por este concepto. Expresan que el monto de los ingresos que percibía mensualmente su hijo fueron acreditados en el respectivo incidente sobre beneficio de litigar sin gastos, como también el punto atinente a la ayuda económica que les brindaba a sus progenitores. Consecuentemente, solicitan la elevación de la partida.

Es menester puntualizar que esta Sala tiene decidido, en forma reiterada, que la vida humana no posee un valor económico susceptible de apreciación, por lo que su pérdida debe resarcirse teniendo en cuenta el efectivo detrimento material que se irroga a los damnificados indirectos por la falta del aporte material que les produce la desaparición de quien debía prodigarles tales beneficios (conf. esta Sala, voto de la Dra. Ana María Luaces en libre nº 126.487 del 30/9/93; voto del Dr. J. Escuti Pizarro en libre nº 166.838 del 22/9/95 y mis votos en libres nº 59.437 del 12/6/91 y nº 153.186 del 4/11/94, entre muchos otros).

Esta posición, que se adecua a los conceptos fundamentales acerca del daño patrimonial resarcible, lleva a concluir que, careciendo la vida humana por sí misma de un valor económico, su pérdida no puede ser indemnizada sino cuando y en la medida que represente un detrimento de esta clase para quien reclama la reparación, tanto que configure un daño actual o futuro, que brinde la posibilidad cierta de la posteriorconcreción de dicho perjuicio, cuya definición exige de desconocidas variables, que no hacen atinado un cálculo matemático exacto (conf. Salas, "Determinación del daño causado a la persona por el hecho ilícito", revista del Colegio de Abogados, La Plata 1961, vol. IV, p. 308, núm. 7; Orgaz, "El daño resarcible", p. 108, núm. 26 y "La vida humana como valor económico", en E.D., t. 56, p. 849 y sgtes.; Llambías, J. J., "Personas damnificadas por homicidio", E.D., t. 51, p. 890 y sgtes; mi voto publicado en El Derecho 154-504 y sus citas).

La nómina de los damnificados indirectos por un homicidio es amplia y se extiende más allá de la vocación sucesoria del parentesco y del derecho alimentario, quedando legitimado para accionar todo aquél que sufra por ese hecho un daño cierto en relación causal adecuada (art. 1079 del Código Civil) (conf. Llambías J. J., "Código Civil Anotado", t. II, pag. 345/49; Mosset Iturraspe, J. "Responsabilidad por daños", t. II B, pag 161 66; mi voto en libre nº 264.422 del 1/9/00).

En la especie, quienes inician la acción resultan ser padres de la víctima, C. Eduardo M., quien contaba con 24 años al momento de la ocurrencia del evento, vivía con aquéllos y no tenía descendencia. Lógicamente, como damnificados indirectos, los progenitores pueden reclamar indemnizaciones por la muerte de los hijos, en virtud de lo normado por el art. 1085 del Código Civil, sin que quepa efectuar distinción alguna en torno a si los mismos son mayores o menores de edad.

Los hijos no son eventuales, sino concretos sostenes; tanto en el orden económico como personal, asistencial, de cuidados y de consejos en el futuro de los padres; con mayor razón si se trata de gente de humilde condición social, debiendo aplicarse el art. 1085 del código de fondo (Conf. Salas, A. E. en "Código Civil Anotado", por Trigo Represas, F. A. y López Mesa, M. J., T° IV-A, pág. 520, n° 4).

Aclarado este concepto, en punto a las quejas vertidas por la aseguradora, es preciso remarcar que en estos autos la testigo Liliana del Valle González declaró que la víctima "…estuvo trabajando en la empresa… "Combustibles Argentinos", trabajaba ahí pintando los tanques, después ya no trabajó más y seguía trabajando de pintor… y de albañil también,… lo vi trabajar… en muchos lugares, casas…lo vi dos o tres veces que le dio plata a su mamá … Vivía con su mamá y su papá y todos sus hermanos, son un montón, sé que es el hermano mayor, son como 8 más o menos…" (cfr. fs. 117/117 vta.).

Ratifican esa versión los dichos del testigo Norberto Felipe Genaro, quien expresó que en varias oportunidades trasladó con su rodado al occiso, llevándolo con sus elementos de trabajo y cosas de pintura, a distintos domicilios, resultando ser un buen cliente para él (cfr. fs. 152).

Para la reparación de este renglón, debe entonces adoptarse un criterio que en cada caso pondere las específicas características de la víctima, especialmente las referidas a la edad del fallecido, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo y el nivel socio económico en el que se desenvolvía. Aunque para ello, también deben ponderarse aquellas condiciones personales de los beneficiarios, que constituyen igualmente variables futuras, que incidirán en la definitiva cuantificación del resarcimiento.

A partir de ello, cabe apreciar que la víctima contaba con 24 años de edad, era soltero, sin hijos, vivía junto a sus padres, conformando una familia numerosa. Su padre ocasionalmente efectuaba changas como albañil y su madre percibía tan sólo una pensión (cfr. fs. 4/5 del beneficio de litigar sin gastos n° 87.582/07). No se ha logrado demostrar el promedio de los ingresos mensuales que ambos progenitores percibían, aunque es factible que por ser reducidos deberían recibir la colaboración económica del hijo fallecido.

Empero, debe ponderarse que C. E. M. probablemente hubiese formado su propia familia en un futuro no lejano y que sus eventuales aportes no hubiesen ya beneficiado mayormente a sus padres, sino a su propia descendencia, por lo cual entiendo que el monto acordado en la instancia de grado se ajusta a las constancias arrimadas a la causa.

Consecuentemente, de compartirse mi postura, deberían desestimarse las quejas introducidas y confirmarse la partida en crisis, en la proporción establecida para cada progenitor.

5°.- Desde otro ángulo, corresponde proceder al estudio de los agravios introducidos por la citada en garantía y por la parte demandante, respecto al rubro "daño psíquico y tratamiento psicológico" ($ 14.000 para A. -$ 10.000 por incapacidad psicológica y $ 4.000 por tratamiento psicológico- y $ 8.000 para M., $ 6.000 por incapacidad psicológica y $ 2.000 por tratamiento psicológico).

La parte actora solicita la elevación de la partida, por considerar exigua la suma acordada. Por su parte, la aseguradora se queja sosteniendo que el daño psicológico no conforma un rubro independiente, susceptible de ser indemnizado fuera del daño moral.

Reiteradamente he sostenido que el "daño psíquico" constituye un rubro resarcitorio autónomo al "daño moral", toda vez que ambos perjuicios poseen distinta naturaleza, ya que el primero reviste la calidad de daño patrimonial, mientras que el segundo afecta los intereses extrapatrimoniales (conf. mis votos en libres nº 397.889 del 12/8/04; nº 330.604 del 27/3/02; nº 226.548 del 30/11/00, entre otros).

En este sentido, la doctrina ha señalado que si el daño ocasiona un menoscabo en el patrimonio, sea en su existencia actual, sea en sus posibilidades futuras, se está en presencia de un daño material o patrimonial, cualquiera sea la naturaleza del derecho lesionado; y si ningún efecto tiene sobre el patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley, hay daño moral o no patrimonial (conf. Orgaz, Alfredo, "El Daño Resarcible", p. 223 y sus citas; Llambías J. J., op. cit., t. I, p. 297).

Es por ello que, aún cuando para la determinación del "daño moral", la merma física o psíquica padecida influye como elemento de convicción para apreciar la existencia e importancia del mismo (conf. C.N.Civ., Sala "C", "Montello, Luis c/ Díaz, Francisco", del 23/4/93, public. en L.L., 1994 A, 547), lo cierto es que no puede subsumirse uno dentro del otro, ya que, tal como he señalado, los mismos repercuten en distintas esferas de la personalidad del damnificado.

La indemnización concedida debe tender a cubrir todas las erogaciones de la incapacidad generada, atendiendo a la actividad impedida, sea o no productiva, ya que la reparación comprende no sólo el aspecto laboral, sino también todas las consecuencias que afecten la personalidad y que se traduzcan, aún de manera indirecta, en un menoscabo patrimonial futuro y cierto (conf. esta Sala, mis votos en libres nº 111.114 del 19/6/92; nº 107.308 del 23/8/92; nº 154.792 del 17/2/95; nº 207.781 del 3/3/97 y nº 208.494 del 17/3/97, entre otros).

En el caso sometido a estudio, la perito psicóloga interviniente concluyó que la codemandante D. F. A. padece un duelo patológico moderado con un 25% de incapacidad, en virtud de sus ideas mágico animistas y la necesidad de un reencuentro con el hijo amado y desaparecido, transformando así las características de un duelo normal a uno patológico con dificultades de elaboración (cfr. fs. 133).

Por su parte, al coactor C. B. M. le fue dictaminada una incapacidad psicológica del 10%, en virtud de un duelo patológico de tipo leve (cfr. fs. 150).

A fin de ponderar esta partida, que debe justipreciarse en forma independiente al tipo de tratamiento terapéutico reclamado, habrán de tenerse en cuenta la totalidad de las condiciones personales de los progenitores, como también el modo en que el trágico deceso del hijo tuvo incidencia en sus propias vidas.

Esta Sala participa del criterio que establece que para cuantificar la magnitud del perjuicio, no debe sin embargo asignársele un valor absoluto a los porcentajes de incapacidad informados por el experto, sino que es menester compulsar la efectiva medida en que dicha mengua psíquica ha repercutido patrimonialmente en la situación del lesionado, tanto sea en la disminución de sus aptitudes para el trabajo, como en otros aspectos de su vida que, de manera indirecta, le han impuesto limitaciones en su vida social y la forma en que esto afectó sus perspectivas de evolución material (conf. mis votos en libres nº 239.292 del 22/2/99; nº 303.289 del 7/11/2000 y nº 324.527 del 20/7/2001, entre muchos otros).

Ahora bien, para la ponderación de este rubro, cabe tener en cuenta que la realización del tratamiento indicado por la experta, cuyo análisis seguidamente habrá de abordarse, seguramente logrará revertir en cierta medida las secuelas psicológicas de los actores, por lo que es de esperar que con la terapia indicada se restablezca en cierto grado el equilibro emocional que fuera alterado por la muerte de su hijo.

Bajo esta inteligencia, en orden al criterio indemnizatorio seguido por esta Sala, teniendo en cuenta el principio de congruencia y los importes reclamados en el libelo inaugural, si mi voto fuera compartido, propongo a mis distinguidos colegas elevar las sumas acordadas para paliar la incapacidad psíquica y fijarlas en $ 15.000 a favor de la codemandante A. y en $ 8.000 a favor del coactor M..

6°.- En cuanto al tratamiento psicológico que también cuestionan las partes, la experta designada en la materia sugirió que la coaccionante A. sea sometida a un tratamiento de dieciocho meses de duración, a razón de una sesión semanal (fs. 133).

Y, con respecto al codemandante M., sugirió la perito que el mismo lleve a cabo un tratamiento psicológico de seis meses, con una frecuencia semanal (fs. 150).

Cabe señalar que no se pasan por alto las precisiones efectuadas por la citada en garantía en su presentación de fs. 153, en torno al dictamen pericial. Empero, y más allá de la cuantificación efectuada por la profesional designada en autos, considero que resultan parcialmente admisibles las quejas introducidas por la parte actora, en cuanto a la escasa cuantía fijada por este concepto, a favor de la codemandante D. F. A..

Es cierto, como alega la citada en garantía, que no se ha aportado constancia en autos que indique que los damnificados hayan emprendido tratamiento psicoterapéutico alguno o prueba documental que avale su cuantía, pese al tiempo transcurrido desde la fecha del siniestro (30/04/06). Ello hace suponer que, o bien su atención se llevó a cabo en una entidad pública con la consiguiente gratuidad del servicio , o no se sometieron a ninguna terapia, por lo cual, el excesivo monto pretendido en la demanda, podría resultar un enriquecimiento sin causa en beneficio de los demandantes. Asimismo, es natural y probable que con el transcurso del tiempo se hayan superado o perdido intensidad las secuelas comprobadas, de modo que ya no resulte tan indispensable la observancia de un tratamiento prolongado en el tiempo.

Pese a esto, la existencia de las secuelas anteriormente detalladas, como así también la prescripción sindicada por la experta, torna viable la necesidad de encarar el tratamiento.

A partir de ello, si mi voto fuese compartido, propongo elevar a la suma de $ 5.000 el monto acordado a la codemandada A. para resarcirla en concepto de "tratamiento psicológico" y confirmar el monto fijado a favor del restante accionante.

7°.- Asimismo, debe abordarse el análisis de las quejas vertidas por la parte demandante y la compañía aseguradora, en punto a las sumas acordadas para enjugar el rubro "daño moral" ($ 160.000).

Los actores manifiestan que la partida no fue ponderada a la luz de la repercusión que tuvo el trágico deceso de su hijo, como también el dolor espiritual que debieron atravesar, incrementando así el daño moral que aquí reclaman.

Por su lado, la citada en garantía se queja sosteniendo que se ha fijado para este rubro una suma excesiva, confundiéndola con el concepto "valor vida", otorgándose así una doble indemnización por un mismo concepto.

El "daño moral" se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial (conf. Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", t. I, págs. 297/298, n? 243).

Para la determinación del monto indemnizatorio no se requiere prueba de su entidad, pues se lo tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, vale decir, que se trata de una prueba "in re ipsa", que surge de los hechos mismos (conf. esta Sala, votos del Dr. J. Escuti Pizarro en causas nº 191.386 del 22/5/96 y n? 207.360 del 16/12/96; mis votos en libres nº 165.704 del 22/5/95 y n? 214.108 del 16/5/97, entre muchos otros).

En primer lugar, debe remarcarse que mal puede sostener la compañía aseguradora que en el caso ha habido una doble indemnización por un mismo concepto. Es que, la suma acordada para enjugar el "valor vida" ninguna relación guarda con la fijada por "daño moral", desde que son partidas autónomas, independientes, que apuntan a equiparar patrimonialmente a los demandantes. En un caso, por el detrimento económico sufrido a raíz de la pérdida de una vida humana, traducido en la falta del aporte material que la víctima podía brindarles. El otro, relativo a la afectación en los sentimientos, derivados del acaecimiento del deceso de su hijo.

En el supuesto sometido a estudio, es preciso tener en cuenta el estado de angustia que –a no dudarlo- padecieron los demandantes por el trágico desenlace que tuvo la vida de su hijo, máxime cuando el curso natural de la vida crea la convicción de que primero son los padres quienes parten de este mundo y no a la inversa, como aconteció en la especie.

A ello debe adicionarse que los accionantes debieron presentarse en el lugar y ver el cuerpo sin vida de su hijo, que había caído al vacío, a un costado del Puente Uriburu, a raíz de la fatídica embestida automovilística.

Debe señalarse que el sufrimiento por la pérdida de un hijo para sus padres, es algo inconmensurable, más aún si se ponderan las trágicas circunstancias que, en el particular caso, determinaron un fatal desenlace. Sin duda, no puedo dejar de ponderar que la edad de la víctima no hacía previsible su muerte, por lo cual esta situación debe haberles generado una afección espiritual de relevantes sufrimientos morales, difíciles de superar. Pero constituye un deber del juzgador fijar una pauta o parámetro que, por cierto, no tiene porqué guardar relación con la entidad de los daños materiales, dado su carácter autónomo. Se trata de medir lo que a primera vista aparece como inabarcable, para lo cual resulta menester objetivar la dolorosa situación, dado que al ser el sufrimiento humano un elemento netamente subjetivo, relacionado con la sensibilidad de cada persona, podría derivarse en considerables desproporciones. Con esa finalidad resulta de gran utilidad trazar analogías con casos similares, para de esa manera crear cierta uniformidad que no deje librado este importante concepto a variables que dependan de los afectos más íntimos de cada persona.

Entonces, el conjunto de experiencias lamentablemente vividas por los demandantes, sumadas a su humilde condición social, a su falta de empleo y a la contención familiar que seguramente debieron brindarles a sus restantes hijos, tras la muerte de su hijo, me inclinan a propiciar la confirmación del monto acordado en forma equitativa para ambos actores.

8°.- Por último, con respecto a este proceso en particular, la parte demandante se agravia en cuanto a la suma asignada para resarcirlos por los "gastos de sepelio" incurridos, a raíz de la muerte de su hijo C. E. M.. Se queja, sosteniendo que en el libelo de inicio se reclamó el importe de $ 3.600 y que, habiéndose acompañado documentación original tendiente a respaldar tal desembolso, el Sr. Juez "a-quo", en uso de las facultades conferidas por el art. 165 del Código Procesal, fijó la presente partida en $ 3.000. Por tales motivos, solicita el incremento del monto acordado.

En cuanto atañe a la partida en cuestión, aunque no fue acreditado debidamente que los accionantes desembolsaran las sumas pretendidas por tal concepto, porque no se probó la autenticidad de la documentación acompañada, debe presumirse que la muerte de su hijo trajo aparejada alguna erogación referida al traslado de sus restos y su sepelio (conf. esta Sala, mi voto en libre nº 262.119 del 5-7-99). Sin embargo, la apuntada falencia probatoria debe gravitar contra quien tenía la carga de la prueba, lo cual me inclina por confirmar el importe reconocido en la precedente instancia.

9°.- Seguidamente, cabe abordar los agravios introducidos en la causa "S., V. J. y otro c/ C., S. D. y otros s/ Ds. y Ps.", relativos a las partida cuestionada.

Se queja la citada en garantía de la suma acordada a la parte actora en concepto de "daño moral", por considerarla elevada ($ 15.000). Expresa que, en el caso, no se acreditó que el fallecido actor (S. M. S.) hubiese sufrido incapacidad física o psicológica alguna, de carácter permanente, como tampoco que a raíz del accidente se hubiese visto impedido de proseguir con su vida habitual y cuál era su actividad. Como corolario de ello, pretende se reduzca en esta alzada la partida en crisis.

Conforme surge del estudio de las actuaciones, el mentado accionante –cuya acción es continuada por sus padres- al momento del evento contaba con 16 años. Luego de ser trasladado por el SAME, le fueron diagnosticados en el Hospital Penna politraumatismos varios, como también le fue colocada en su miembro inferior derecho una calza de yeso. La perito médico legista designada en autos no pudo examinar al reclamante. Sólo se limitó a expresar que habitualmente, luego de una inmovilización, se efectúan sesiones de fisiokinesioterapia para la rehabilitación del miembro afectado (cfr. fs. 145, 151 y fs. 30, 122 de la causa penal).

Según surge del beneficio de litigar sin gastos promovido por el menor fallecido (expte. N° 72.346/06), el mismo debió afrontar un tratamiento por rehabilitación de su rodilla y los testigos allí declarantes manifestaron que aquél no trabajaba, teniendo su familia una mala situación económica (ver declaraciones de fs. 31/32).

A efectos de analizar la suma asignada por esta partida, debe evaluarse el detrimento anímico que debió atravesar el menor por las dolencias de carácter transitorio sufridas a consecuencia del accidente.

En consonancia con lo expuesto, atendiendo a los escasos elementos probatorios obrantes en la causa, considero que resulta en alguna medida excesiva la suma acordada para enjugar esta partida, desde que al respecto la limitación impuesta por el art. 1078 del Código Civil, impide que se compute el daño moral por la trágica muerte de su amigo.

Como corolario de ello, de compartirse los fundamentos del presente voto, propongo a mis distinguidos colegas acoger el planteo deducido por la aseguradora y reducir la partida en crisis al importe de $ 7.000.

10°.- Para finalizar, cabe abordar las quejas introducidas por la citada en garantía, relativos a la tasa activa de interés fijada para compensar las partidas acordadas en ambos pleitos, computada desde la ocurrencia del hecho.

Sostiene que el art. 3° del Código Civil dispone el principio de irretroactividad de las leyes. En ese sentido, la aplicación del plenario "Samudio de Martínez, Ladislaa c/Transportes Doscientos Setenta SA s/Ds. y Ps." importaría la vulneración de tal normativa. Por tales motivos, pretende que desde la fecha del accidente hasta el dictado del mentado plenario, se aplique la tasa pasiva o la tasa pura del 6% anual y, a partir del dictado de aquél, la tasa activa hasta el efectivo pago.

De acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos "Samudio de Martínez, Lasdilaa c/Transportes Doscientos Setenta S.A. s/daños y perjuicios" del 11/11/08, sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Esta Sala ha resuelto que el fallo plenario no es una ley respecto de la cual quepa discutir acerca de su aplicación en el tiempo (art. 3° del Código Civil), sino la unificación de la jurisprudencia con carácter obligatorio (CNCiv., Sala C, 2/4/81, E.D. 93 495), con lo que tiene efectos respecto de las causas pendientes de resolución (íd. Sala B, 7/7/88, in re "Vivas J. C/ Negrete H." J.A. 1989, III, 88), desde que el litigante no posee un derecho adquirido a que el pleito se resuelva conforme a una determinada interpretación de la ley (conf. R. 436.095 del 5/9/05).

Efectuada dicha aclaración, cabe destacar, sin embargo, que como los valores indemnizatorios fueron fijados al momento del dictado de la sentencia de grado, la indicada tasa activa debería regir recién a partir de dicho pronunciamiento.

No obstante ello, a efectos de no vulnerar el sentido del recurso y evitar consagrar la "reformatio in pejus", correspondería que desde la fecha del accidente y hasta la oportunidad en que fue dictado el plenario, se calculen los intereses a la tasa del 8% anual, que representan los réditos puros. Y, desde la entrada en vigencia del plenario hasta el efectivo pago –tal como reclama la aseguradora-, se aplique la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, a excepción de los gastos por "tratamiento psicológico", cuya salvedad efectuó el anterior Sentenciante a fs. 182, considerando VI.

11°.- En definitiva, de ser compartido mi criterio, debería confirmarse el rechazo de la excepción de "exclusión de cobertura" interpuesta por "La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada".

Asimismo, en lo que respecta a la causa "M., C. B. c/ C., S. D. s/ ds. y ps.", correspondería confirmar los montos acordados para enjugar las partidas "valor vida", "daño moral", "gastos de sepelio" y "tratamiento psicológico" del codemandante M. y elevarse a las sumas de $ 15.000 y $ 8.000 el rubro "daño psicológico" de los coactores A. y M., respectivamente y al monto de $ 5.000 la partida "tratamiento psicológico" acordado a la Sra. D. F. A..

De tal suerte, la condena en dichas actuaciones quedaría establecida en el importe de $ 223.000, comprensiva de: $ 30.000 por "valor vida", $ 160.000 por "daño moral", $ 23.000 por "daño psicológico" ($ 15.000 a favor de la Sra. A. y $ 8.000 a favor del Sr. M.), $ 7.000 por "tratamiento psicológico" ($ 5.000 a favor de la Sra. A. y $ 2.000 para el Sr. M.) y $ 3.000 en concepto de "gastos de sepelio".

En cuanto concierne a los autos "S., V. J. y otro c/ C., S. D. s/ ds. y ps." correspondería reducir la partida "daño moral" al importe de $ 7.000.

En consecuencia, en dichos obrados el capital de condena que debería ser abonado a los progenitores del demandante quedaría establecido en el monto de $ 7.100, compuesto de: $ 7.000 por "daño moral" y $ 100 por "gastos de traslado y de farmacia".

Finalmente, deberían aplicarse a las partidas acordadas en ambas causas los intereses, conforme a la tasa dispuesta en el apartado 10°.

12°.- En lo concerniente a las costas de alzada, en lo que respecta a los autos "M., C. B. c/ C., S. D. s/ ds. y ps.", toda vez que la parte demandante obtuvo la elevación de las partidas "daño psicológico" y parcialmente del "tratamiento psicológico" y que la citada en garantía resultó sustancialmente vencida, en cuanto a la excepción oportunamente introducida, aquéllas deberán ser soportadas por esta última y los demandados, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal).

En lo que respecta a la causa "S., V. J. y otro c/ C., S. D. s/ ds. y ps.", teniendo en cuenta que la citada en garantía fue sustancialmente vencida, en cuanto a la defensa por ella planteada, aunque vencedora en lo que respecta a la reducción del rubro "daño moral", las costas de segunda instancia corresponderían ser afrontadas en un 85% por la aseguradora y en un 15% por la accionante (arts. 68, segundo párrafo y 71 del ritual).

El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.

Disidencia parcial del Dr. Alvarez Juliá:

En atención a mi voto en el fallo plenario dictado en los autos "Samudio de Martínez, Ladislaa c/Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios", al que "brevitatis causae" me remito, entiendo que la aplicación de la tasa activa desde la mora significaría un indebido enriquecimiento sin causa al haberse fijado sumas actualizadas al momento de este pronunciamiento.

De ahí, que atendiendo a la fecha en que han sido los valores ya actualizados en el fallo y a efectos de no vulnerar el sentido del recurso y evitar consagrar la "reformatio in pejus", propondré al Acuerdo, para mantener incólume el capital de condena y no sin dejar de advertir que aún la tasa pasiva incluye un porcentaje para hacer frente al envilecimiento del signo monetario, computar los intereses a la tasa pasiva desde que se produjo el perjuicio hasta la oportunidad en que fue dictado el plenario y desde su entrada en vigencia hasta el efectivo pago, a la tasa activa que hoy resulta obligatoria en los términos del art. 303 del Código Procesal.

Con esta salvedad, adhiero al voto de mi distinguido colega preopinante.

Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, octubre de 2011

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede:

I.- Se confirma el rechazo de la excepción de "exclusión de cobertura" deducida por la citada en garantía "La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada.

II.- En lo que concierne a los autos "M., C. B. c/ C., S. D. s/ ds. y ps." se confirman los montos acordados para enjugar las partidas "valor vida", "daño moral", "gastos de sepelio" y "tratamiento psicológico" del codemandante M. y se elevan a las sumas de quince mil pesos ($ 15.000) y ocho mil pesos ($ 8.000) el rubro "daño psicológico" de los coactores A. y M., respectivamente y al monto de cinco mil pesos ($ 5.000) la partida "tratamiento psicológico" acordada a la Sra. D. F. A..

De tal suerte, la condena en dichas actuaciones quedaría establecida en el importe de doscientos veintitrés mil pesos ($ 223.000), comprensiva de: treinta mil pesos ($ 30.000) por "valor vida", ciento sesenta mil pesos ($ 160.000) por "daño moral", veintitrés mil pesos ($ 23.000) por "daño psicológico" (quince mil pesos, $ 15.000, a favor de la Sra. A. y ocho mil pesos, $ 8.000, a favor del Sr. M.), pesos siete mil ($ 7.000) por "tratamiento psicológico" (cinco mil pesos, $ 5.000, a favor de la Sra. A. y dos mil pesos, $ 2.000, para el Sr. M.) y pesos tres mil ($ 3.000) en concepto de "gastos de sepelio". Asimismo, se modifica la tasa de interés a aplicar, la cual deberá ser calculada conforme a las pautas fijadas en el apartado 10°.

Las costas de alzada deberán ser soportadas por la parte vencida.

III.- En lo atinente a los autos "S., V. J. y otro c/ C., S. D. s/ ds. y ps.", se reduce al monto de pesos siete mil ($ 7.000) la suma acordada en concepto de "daño moral".

En consecuencia, en dichos obrados el capital de condena quedaría establecido a favor de los progenitores del demandante en el monto de pesos siete mil cien ($ 7.100), compuesto de: pesos siete mil ($ 7.000) por "daño moral" y pesos cien ($ 100) por "gastos de traslado y de farmacia". Asimismo, se modifica la tasa de interés a aplicar, la cual deberá ser calculada conforme a las pautas fijadas en el apartado 10°.

Las costas de alzada deberán ser soportadas en un 85% por la aseguradora y en un 15% por la parte demandante.

IV.- Atento lo decidido precedentemente corresponde adecuar los honorarios fijados en la anterior instancia, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 279 del Código Procesal.

Así las cosas, valorando la calidad y extensión de la labor desarrollada por los profesionales dentro de las tres etapas en que se dividen los juicios ordinarios, lo dispuesto por la ley 16.638/56, lo establecido por los artículos l,6,7,19,37,38 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.437 como así también lo resuelto por este Tribunal en cuanto a la forma de retribuir los honorarios de los peritos médicos y psicólogos (conf. esta Sala, LH.570.466 del 4-5-11 entre muchos otros), en los autos "S. V. J. Y OTRO C/C. S. D. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS", fíjanse los honorarios de la letrada de la parte actora, Dra. M. F. d. M., en PESOS ... ($ ...-); los del letrado patrocinante de la misma parte por su intervención desde Fs. 117, Dr. V. D. C., en PESOS ... ($ ...-) por el principal y en PESOS ... ($ .....-) por el incidente resuelto a fs. 160 (conf.art.33); los de los letrados apoderados de la citada en garantía, Dres. J. A. E. y R. R. E., en conjunto, en PESOS ....($ .....-); los del perito contador, Dr. E. M. N., en PESOS ... ($ .....-); los de la perito médica, Dra. A. R. B., en PESOS ... ($ ...-) y los de la mediadora, Dra. V. G. O., en PESOS ... ($ ...-).

Por su labor en la Alzada que diera lugar al presente fallo, fíjanse los honorarios de los Dres. J. E. y R. E., en conjunto, en PESOS ... ($ ....-) (arts. l, 6, 7, 37 y 14 de la 21.839 y conc. de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días.

Asimismo, en los autos "M. C. B. Y OTRO C/C. S. D. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS", fíjanse los honorarios del letrado apoderado de los actores, Dr. V. D. C., en PESOS ...($ ....-) por el principal y en PESOS .... ($ ....-) por el incidente decidido a fs. 163 (conf.art.33); los del letrado patrocinante del demandado G., Dr. C. G. G., en PESOS .... ($ ....-); los de los letrados apoderados de la citada en garantía, Dres. J. A. E. y R. R. E., en conjunto, en PESOS .... ($ ... ); los de la perito psicóloga, Lic. S. N. O., en PESOS ... ($....-) y los de la mediadora, Dra. L. A. P., en PESOS ....($ ...-).

Por su labor en la Alzada, fíjanse los honorarios del Dr. C., en PESOS .... ($ ....-) y los de los Dres. J. y R. E., en conjunto, espesos .... ($ ....-)(arts. l,6,7,37 y 14 de la 21.839 y conc.de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez dias.

Disidencia parcial del Dr. Luis Alvarez Julia:

Como vocal de la sala "C", he sostenido que, en supuestos como el de autos en que la determinación de su retribución se ha efectuado con posterioridad a la vigencia del decreto 1465/07, resultan de aplicación las pautas previstas por el art. 4 de dicha norma (Conf. Sala "C", H.509.662, del 24/6/08;; íd. R.H. 498.873, del 21/8/08, íd. RH 524.787, del 19/2/09, entre muchos otros).

Con arreglo a ello, entiendo que corresponde confirmar las regulaciones practicadas en favor de las mediadoras, Dras. L. A. P. Y V. G. O.

Notifíquese y devuélvase.

Fdo.: Hugo Molteni - Ricardo Li Rosi - Luis Alvarez Juliá (En Disidencia Parcial)

Fecha de actualización: 2012-03-05

 

   
Webmaster