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En un caso de culpa de la víctima, la justicia rechazó el reclamo de los deudos de un chofer que falleció al obrar de manera descuidada e imprudente

Nota N° 87, Esto hay que saberlo

Confirmando un pronunciamiento de primera instancia, la justicia en lo civil rechazó el reclamo de la viuda y los hijos de un chofer fallecido, que había sufrido unaccidente al obrar imprudentemente intentando reparar el vehículo que conducía.

Así opinaron los miembros de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil al analizar la apelación presentada por los familiares de Miguel Ceferino Pérez, quien se desempeñaba como chofer de un micro escolar, en circunstancias en las cuales el rodado se detuvo por un desperfecto mecánico. Pérez, quien además era mecánico, intentó solucionar el desperfecto situándose debajo del micro (en cambio y con la llave de contacto puesta), ocasión en la cual al tocar el cableado de la batería el micro se puso en movimiento y le pasó por encima ocasionándole la muerte.

Según los magistrados “Si bien el vehículo no estaba en condiciones de buen mantenimiento en el sector del cableado entre la batería, el motor del arranque y el sector del botón de arranque, no encuentro que pueda atribuirse a tal desperfecto un nexo de causalidad con el daño sufrido, pues, tal como lo acreditan los dichos de los testigos Martinelli, Salinas Gómez y Villaverde el fallecido Sr. Pérez, era mecánico, y por ende debió haber previsto la posibilidad de que el rodado pudiera arrancar, con lo cual se encuentra configurada en el caso la culpa de la víctima por lo que se encuentra quebrado el nexo causal, de conformidad con lo normado por el artículo 1113 del Código Civil.”

“Si hay que atribuir causalidad a las funestas consecuencias que se juzgan ello debe recaer no en el desperfecto mecánico en sí sino en la negligente y desafortunada decisión de Pérez de colocarse debajo del micro delante de las ruedas con la llave puesta y en cambio.”, concluyeron.

FALLO COMPLETO

CNCIV – SALA A – 06/10/2011 - "Perez, Soledad Maria Esther y Otros c/Federación Patronal Seguros S.A. y Otro s/Daños Y Perjuicios"

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 6 días del mes de octubre del año dos mil once, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: "PEREZ SOLEDAD MARIA ESTHER Y OTROS C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de la sentencia de fs. 1044/1050, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: LUIS ALVAREZ JULIÁ - RICARDO LI ROSI - HUGO MOLTENI –

A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL DR. LUIS ALVAREZ JULIÁ DIJO:

I.- A fs. 1044/1050 obra la sentencia dictada en la anterior instancia, la cual rechaza la demanda instaurada por Soledad María Esther Pérez, Miguel Ángel Pérez, Matías Gastón Pérez, Sabrina Noelia Pérez, Jonathan Diego Pérez, Natalia Mariel Pérez y Norma Graciela Manago contra Gustavo Alejandro Espíndola y la citada en garantía "Federación Patronal Seguros SA", imponiendo las costas a la parte actora.

II.- Contra dicha resolución se alzan las quejas de la parte actora, quien expresa agravios a fs. 1143/1148, los que fueron replicados por la citada en garantía "Federación Patronal Seguros S.A." a fs.1462/1463.

Asimismo, esta última hizo lo propio a fs. 1456, presentación que no fue contestada.

III.- Cumpliendo los agravios de la parte actora la crítica concreta y razonada que prescribe el art. 265 del Código Procesal, en aras de la amplitud de la garantía de defensa en juicio, y conforme al criterio restrictivo que rige en esta materia, no () propiciaré la sanción de deserción que postula la citada en garantía en su responde (Fenochietto - Arazi, "Código Procesal..." Tº 1, 2da. ed. pág. 945 y sus citas).

IV.- Asimismo, previo al tratamiento de los agravios vertidos por la parte accionante, creo oportuno realizar un detalle de los hechos que motivaron el presente pleito.

Los demandantes relatan en su libelo de inicio que el día 4 de junio de 2004, a las 13: 30 aproximadamente, Miguel Ceferino Pérez, quien fuera en vida esposo y padre de los actores, y que se desempeñaba a las órdenes de Gustavo Alejandro Espíndola, bajo la modalidad de trabajo "en negro", se encontraba en la intersección de las calle Garrigos y Kiernan de la Localidad de Villa Tesei a la espera de los pasajeros que transportaría hacia la Municipalidad de Hurlingham con el colectivo Mercedes Benz 1214 dominio RQR 734, de propiedad de su empleador, Sr. Espíndola. En esas circunstancias, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico, deteniéndose repentinamente. El Sr. Pérez trató de solucionar el inconveniente, levantando la tapa del motor que se encuentra del lado del asiento del conductor para lo cual necesariamente debió colocarle el cambio correspondiente. Expresan que, al no poder solucionar el inconveniente desde allí y con el único fin de poder cumplimentar el viaje, el occiso se colocó debajo del micro a fin de poder efectuar algún tipo de puente eléctrico que permitiera la reparación provisional del mismo y posibilitara el arranque. Sin embargo, a la vista de todos los pasajeros, el micro repentinamente arrancó, comenzó a desplazarse y pasó literalmente por encima de Miguel Ceferino Pérez con sus ruedas delanteras y traseras aplastándolo, provocándole lesiones gravísimas que ocasionaron su deceso.

Invocan que el rodado sufrió un desperfecto eléctrico por falta de mantenimiento mecánico y que la reparación intentada era la única alternativa posible para solucionarlo.

El demandado niega los hechos alegados por la parte actora y reconoce que el fallecido Pérez era su pariente, pero afirma que nunca fue su empleado. Manifiesta que el micro escolar Mercedes Benz es el único micro del demandado, que Pérez fue llamado porque no arrancaba, que no colocó en ningún momento el freno de mano ni tuvo la precaución que el tema requería colocándose exactamente debajo del ómnibus prácticamente con todo su cuerpo.

A su vez la citada en garantía "Federación Patronal Seguros S.A." opone defensa de falta de legitimación pasiva y de falta de seguro. En forma subsidiara contesta demanda, practica una negativa pormenorizada de los hechos e invoca culpa de la víctima por existir una conducta imprudente y negligente de su parte al haberse colocado desaprensivamente debajo de un rodado de gran envergadura como resulta ser un ómnibus Mercedes Benz.

V.- AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA: RESPONSABILIDAD:

Los recurrentes se quejan pues entienden que la Sra. Juez de la anterior instancia no tuvo en consideración la declaración de los testigos Villaverde y Averna, quienes niegan que el actuar del Sr. Pérez haya sido negligente y afirman la existencia de la relación laboral con el demandado. Asimismo, sostienen que el hecho generador del daño fue la falta de conservación y mantenimiento de la cosa a cargo del demandado y su relación de causalidad, cuestiones que se encuentran debidamente acreditadas en autos, lo que amerita al menos una responsabilidad concurrente.

Cuestionado como se encuentra el tratamiento de la responsabilidad realizado por la Sra. Magistrada de grado, deviene ineludible proceder al análisis de los elementos probatorios obrantes tanto en estos actuados como en la causa penal que tengo a la vista (expte. nº 229.283).

En cuanto a la relación laboral invocada por la parte actora, si bien el propio demandado en sede penal la reconoce al manifestar que el trabajo de trasladar personas a Hurlingham, lo venía haciendo su tío desde hacía un año en el horario 9:00 a 13:00 (v. fs. 10 de la causa penal), lo cierto es que tal circunstancia en nada influye a la hora de evaluar la relación causal.

En principio, de verificarse alguno de los presupuestos para la responsabilidad objetiva, sea por vicio o riesgo de la cosa, o en presencia de una actividad riesgosa, resulta acertado sostener que, frente a la presunción legal adversa al dueño o guardián, es a éste a quien le incumbe la carga de la prueba que exima total o parcialmente su responsabilidad, mientras que al actor le basta con acreditar el daño y el contacto con la cosa, o en su caso, el riesgo de la actividad productora del daño.

Empero, el análisis que permite establecer los presupuestos de la responsabilidad civil no puede desentenderse de la necesidad de verificar con precisión la existencia del daño y la relación de causalidad, lo que está a cargo del actor en todos los casos, porque sólo entonces, a partir de la demostración de dichos presupuestos, corresponderá efectuar el análisis jurídico correcto para hacer jugar las presunciones que establece el artículo 1113 del Código Civil en el supuesto de vicio y/o riesgos de la cosa o la actividad, o en defecto de ello aplicar inclusive el artículo 1109 por culpa del empleador en la provisión de los dispositivos de seguridad aptos para impedir el daño.

Para ello es indispensable que la interesada acredite que las consecuencias imputadas fueron producidas por el riesgo de la cosa, o sea, la mentada relación causal cuya demostración le incumbía - por lo visto - no como un vínculo solamente posible, sino como la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho.

A tal efecto, es menester examinar la causa del daño, entendida como la condición más eficaz o más activa para su producción, es decir, aquélla dotada de mayor fuerza productiva. Según este punto de vista, la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme al curso natural y ordinario de las cosas, de modo que no todas las condiciones del daño son equivalentes, sino que debe atenderse a aquélla que típicamente origina esa consecuencia dañosa, es decir, la que puede ser retenida por nuestra mente en el carácter de causa adecuada del daño (conf. Binding y Oertmann, citados por Spota, A. en su artículo publicado en J.A. 1942 II-979, nota 29;; Orgaz, A. "El daño resarcible", nº 18, pág. 70, texto nota 17; Llambías, J. J. "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", t. I, nros. 286, 287 y 288, págs. 372/374).

Ya antes de la reforma introducida por la ley 17.711 al artículo 906 del Código Civil, nuestra doctrina sostenía la vigencia en el derecho positivo argentino de la teoría de la causa adecuada, según la cual corresponde distinguir entre causa, que es el antecedente idóneo para producir el resultado, y condición, que son los demás factores de ese resultado (conf. Orgaz, A. op. cit., nros. 19 y 20).

Sentado lo expuesto, sabido es que prever es conocer con anticipación lo que ha de ocurrir. Quien al realizar un hecho ha previsto el resultado, tuvo conocimiento anticipado de las consecuencias o efectos del acto que iba a realizar.

Así, la superior aptitud, el mayor alcance de ese conocimiento por la preparación, o por el título, califican la actitud por prudencia y previsión. En este caso, la previsibilidad del agente es superior a la que corrientemente es dable juzgar (v. Belluscio - Zannoni, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", Edit. Astrea, 1982, T. 4, pág. 67).

Entiendo que si bien el vehículo no estaba en condiciones de buen mantenimiento en el sector del cableado entre la batería, el motor del arranque y el sector del botón de arranque (v. pericia mecánica punto d) a fs. 971 vta.), no encuentro que pueda atribuirse a tal desperfecto un nexo de causalidad con el daño sufrido, pues, tal como lo acreditan los dichos de los testigos Martinelli (v. fs. 151), Salinas (v. fs. 253) Gómez (v. fs. 261) y Villaverde (v. fs. 280 vta.) el fallecido Sr. Pérez, era mecánico, y por ende debió haber previsto la posibilidad de que el rodado pudiera arrancar, con lo cual se encuentra configurada en el caso la culpa de la víctima por lo que se encuentra quebrado el nexo causal, de conformidad con lo normado por el artículo 1113 del Código Civil.

Ahora bien, el experto señaló que "es posible que el conductor haya puesto el freno de mano, pero al haber quedado en el cambio, muy posiblemente en 1ra. marcha, y encontrarse el motor caliente, su excelente potencia al funcionar pudo vencer el freno de mano y posibilitar el avance del colectivo" (v. pericia punto d) a fs. 971vta./972).

Aún en la hipótesis de que el Sr. Pérez eventualmente hubiera puesto el freno de mano, cuestión que no fue acreditado en autos, dado sus conocimientos técnicos, no logra desvirtuar la culpa que se le atribuye.

De modo de que si hay que atribuir causalidad a las funestas consecuencias que se juzgan ello debe recaer no en el desperfecto mecánico en sí sino en la negligente y desafortunada decisión de Pérez de colocarse debajo del micro delante de las ruedas con la llave puesta y en cambio.

Por las consideraciones que anteceden, propongo rechazar las quejas y confirmar lo resuelto en la instancia de grado.

VI.- Agravios de Federación Patronal Seguros S.A.:

La recurrente se agravia por cuanto la Magistrada de la anterior instancia omitió expedirse respecto de las excepciones de falta de legitimación pasiva opotunamente opuestas en el punto V a) y b) del escrito de contestación obrante a fs. 62/67, que fueron contestadas por la parte actora a fs. 137 y fs. 163 por el demandado y diferidas para la sentencia definitiva (v. fs. 167).

Sabido es que la legitimación es la cualidad que la ley reconoce a los sujetos para reclamar en justicia aquello que entienden les corresponde. Con relación a los recursos, la legitimación es la aptitud reconocida para interponerlos.

Cabe destacar que el interés es el presupuesto de todo recurso, y que aquél existe sólo cuando la resolución provoca un perjuicio o gravamen en el recurrente.

Ahora bien, en atención a la forma en que se decide, al rechazarse la demanda, no existe agravio en cabeza del recurrente, con lo cual, el tratamiento de las excepciones opuestas deviene improcedente.

VII.- Síntesis:

Por todo lo expuesto, y si mi voto fuese compartido, propongo: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que decide y fuera materia de agravios y 2) Las costas de la Alzada deberán ser soportadas por la actora perdidosa. Artículo 68 del Código Procesal.

Los Dres. Ricardo Li Rosi y Hugo Molteni votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Luis Alvarez Juliá.

Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. FDO. FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.)

Buenos Aires, octubre 6 de 2011

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que decide y fuera materia de agravios y 2) Las costas de la Alzada deberán ser soportadas por la actora perdidosa. Artículo 68 del Código Procesal.

Atento el modo como se resolvió precedentemente corresponde entender en los recursos de apelación interpuestos contra la regulación efectuada en la anterior instancia.

Así las cosas, cabe apuntar que nos encontramos ante un proceso que reviste las siguientes características: la acción no prosperó, el actor actuó con beneficio de litigar sin gastos -según incidente que en este acto se tiene a la vista- y la suma pretendida en la demanda resulta desproporcionada. Ello así, es de aplicación el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,en la causa "Martin,Jorge Alberto c/Shin Dong Sik" del 20/4/95 (E.D. 163-613) y receptado por este Tribunal entre otras en el decisorio del 20/9/96 caratulado "Carranza c/Finazzi s/sumario", H.106.822, id. H.386.513 del 27/2/04.

En efecto, ante la suma pretendida en la demanda confrontada con la que razonablemente pudo haber prosperado la acción según la naturaleza de los daños reclamados, conforme a precedentes análogos de la Sala que corresponde adoptar como parámetros objetivos, llevan a concluir que las partidas pretendidas deben ser sopesadas en base a dichas pautas como una guía indiciaria para fijar sumas justas y razonables en la medida de la labor cumplida.

Tal decisión guarda relación con lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 24.432, de aplicación en la especie, tal como lo tiene decidido la Sala en forma reiterada (conf.H.230.174 del 26/9/97 y sus citas) que confiere a los jueces, para casos como el que nos ocupa, un amplio margen de discrecionalidad en los distintos factores que en mayor o menor medida influyen para determinar las retribuciones pertinentes. Se trata, en suma, de valores que representen un justo honorario, como un monto acorde para quien deba sufragarlos (conf. esta Sala, H.199.429 del 5/7/96 y sus citas, entre muchas otras).

En virtud de estas razones, extensión e importancia de los trabajos cumplidos, lo establecido por la ley 16.638/56,decreto ley 7887/55, lo resuelto en forma reiterada con relación a la manera de retribuir las labores de los peritos médicos, quienes carecen de arancel propio (conf. esta Sala, H.324.458 del 31/5/01), como así los limites contemplados por la ley 24.432, modifícanse los honorarios fijados a fs. 1049 vta./1050 y se establecen los emolumentos de la dirección letrada del codemandado Espindola, Dras. M. R. A. y G. N. B., en conjunto, en PESOS ....($ .....-); los de la dirección letrada de la citada en garantía, en conjunto, en PESOS .... ($ ....-); los de la dirección letrada de la parte actora, Dres. G. A. C. y N. B. S., en conjunto, en PESOS .... ($ ....-); los de la perito contadora Dra. S. S. R., cuya labor se circunscribió a la compulsa de libros (conf.H.543.460 del ll-9-l0 entre muchos otros), en PESOS ...($ ....-); los del perito médico, Dr. C. H. V., en PESOS ....($ .....-); los del perito mecánico, J. A. F., en PESOS ... ($ ....-) y los de la mediadora, Dra. C. G. S., en PESOS ... ($ ....-).

Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, se fijan los honorarios de la Dra. C., en PESOS .... ($ ....-) y los del Dr. J. A. M. en su calidad de apoderado de la citada en garantía, en PESOS ....($ .....-)(arts. l,6,7,14 de la ley 21.839 y concordantes de la 24.432),sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez dias.

Disidencia parcial del Dr. Luis Alvarez Julia:

Como vocal de la sala "C", he sostenido que, en supuestos como el de autos en que la determinación de su retribución se ha efectuado con posterioridad a la vigencia del decreto 1465/07, resultan de aplicación las pautas previstas por el art. 4 de dicha norma (Conf. Sala "C", H.509.662, del 24/6/08;; íd. R.H. 498.873, del 21/8/08, íd. RH 524.787, del 19/2/09, entre muchos otros).

Con arreglo a ello, entiendo que corresponde confirmar la regulación practicada en favor de la mediadora.

Notifíquese y devuélvase.

Fdo.: Luis Alvarez Juliá (en disidencia parcial) - Ricardo Li Rosi – Hugo Molteni

Fuente: Tiempo de Seguros, de Diciembre de 2011

Fecha de actualización: 2012-01-29

 

   
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